Por Humberto Arnés. Director General de Farmaindustria.

No se puede querer tener la mejor sanidad de Europa con un punto menos del PIB en gasto sanitario. Nos faltan 10.000 millones de euros, y nos faltan cada año”. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que antes fue el decano de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, compartía esta reflexión hace unos días a través de redes sociales. Insiste con ella en una realidad que la pandemia ha puesto aún más de manifiesto: el sistema sanitario público en España necesita más financiación.

España ha pasado de invertir en el sistema sanitario público el 6,6% del PIB en 2009 al 5,9% en 2018, un retroceso de siete décimas en nueve años, cuando la media europea supera el 7%. Y no es el único dato significativo: según los últimos datos de la OCDE España tiene un gasto sanitario público per cápita de 1.626 euros, frente a los 2.743 de la media de países de la Eurozona: 1.117 euros per cápita menos (un 41% inferior).

La llamada de atención del presidente extremeño no sólo está puesta en razón, sino que lleva aparejada la urgencia de una necesidad constatada por la crisis sanitaria, que ha mostrado las fortalezas del sistema sanitario pero también muchas debilidades que, si bien no para los expertos, quizá habían pasado inadvertidas para el conjunto de la población. Pero no es sólo una cuestión de dinero, sino de financiar mejor un gasto determinado.

Junto a esas fortalezas y debilidades del sistema sanitario, la crisis ha mostrado la estrecha relación entre salud y economía, y también la condición de inversión, que no gasto, de los fondos destinados al cuidado de la salud. Las palabras importan. Y en este ámbito hemos venido demonizando como gasto, como carga, unas partidas que destinadas a la sanidad que no sólo contribuyen a proteger la salud y por tanto la esperanza y la calidad de vida, sino que impulsan el desarrollo económico y social.

La evidencia científica publicada estima que un aumento de un año en la esperanza de vida contribuye a aumentar el PIB un 4%. Lamentablemente, ya hay algunas estimaciones (aún por confirmar) que cifran en -0,71 los años de esperanza de vida perdidos en España a causa de la mortalidad causada por la Covid-19 en los primeros meses de pandemia.

Tomemos el ejemplo del medicamento, puesto que en los países desarrollados es responsable directo del 73% del aumento de la esperanza de vida. En esta línea, como constatan estudios recogidos en el informe El valor del medicamento desde una perspectiva social, de la Fundación Weber, el valor generado por los nuevos medicamentos es entre 2,3 y 8,1 veces superior al gasto anual medio que generaron.

La primera clave, hay que insistir, está en asumir que hablamos de inversión y no de gasto. Y la segunda es la eficiencia.

Parece clara la infrafinanciación de la sanidad pública española, pero también que la necesidad de dotarla de mayores medios debe acompañarse de una mejora de los niveles de eficiencia en su funcionamiento para asegurar el mejor uso de los recursos. El concepto de gasto lleva al ahorro como objetivo obligado. Los conceptos de inversión y eficiencia implican, sin embargo, entender como positivo el aumento de la financiación en determinados casos.

La pandemia ha mostrado al conjunto de la población lo que ya habían probado los expertos: la vinculación entre salud y economía. No hay economía sin salud, como tampoco hay salud sin medicamentos ni medicamentos sin investigación. La sanidad es una inversión, y una inversión muy rentable para la sociedad, y esta debe ser la base sobre la que analizar las necesidades financieras y el esfuerzo que la sociedad está dispuesta a hacer en el sistema de salud.

Artículo prublicado en elespanol.com